·1.– La política fiscal como medida de integración de los minusválidos
·2.– Concepto de discapacitado a efectos fiscales
·3.– Antecedentes de la reforma
·4.– Las aportaciones como rendimientos de trabajo para el discapacitado
·5.– Régimen tributario aplicable al titular del patrimonio protegido
·6.– Régimen tributario de las aportaciones al patrimonio protegido del discapacitado
·7.– Consecuencias fiscales de los actos de disposición realizados sobre los bienes que forman parte dicho patrimonio
·8.– Obligaciones formales de este régimen
·9.– Otras medidas fiscales establecidas en la Ley
·Notas
CONCEPTO DE DISCAPACITADO A EFECTOS FISCALES5
A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según el art. 58 apartado sexto del Texto Refundido de la LIRPF, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/ 2004 de 5 de marzo (anteriormente 47 quinquies párrafo sexto de la ley 40/ 1998 de 9 de diciembre del IRPF, introducido por la ya citada reforma de la Ley 46/ 2002, de 18 de diciembre) tienen la consideración de discapacitados los contribuyentes que acrediten en las condiciones que reglamentariamente se establezcan un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.

En particular, en esta norma se considera acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez, e igualmente en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Igualmente se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 cuando se trate de minusválidos cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.

El art. 67 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificado por el Real Decreto 27/ 2003, de 10 de enero desarrolla la acreditación de la condición de discapacitado, y señala que el grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades Autónomas.6

Se exige por tanto un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento para considerar a una persona discapacitada a efectos de la LIRPF, sin distinguir si la minusvalía es física o psíquica. Los incapacitados judicialmente se estima que tienen una minusvalía del 65 por ciento, aunque no alcancen dicho grado, sin distinguir si el régimen al que se somete el incapaz es de tutela o curatela.

Cabe resaltar por tanto que sí la persona ha sido incapacitada judicialmente, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se considera que tiene un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

Se equipara a efectos fiscales los incapacitados judicialmente, con las personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

Medida de enorme trascendencia ya que supone extender el régimen fiscal más favorable de que disfrutan las personas con discapacidad más severamente afectadas a todos los incapacitados judicialmente, que, en muchas ocasiones, no alcanzan, pese a que por su minusvalía no pueden gobernarse por si mismos, la calificación del 65 por ciento.

Aunque se parte por tanto de considerar discapacitado a toda persona que acredite un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, luego para establecer las consecuencias fiscales la norma distingue si el grado de minusvalía es igual o superior al 33 por ciento o igual o superior al 65 por ciento.

Así si el grado de minusvalía es igual o superior al 33 por ciento la reducción en la base imponible de dicho impuesto es de 2000 euros anuales y si dicho grado de minusvalía es igual o superior al 65 por ciento, la reducción alcanza la cantidad de 5000 euros anuales según se deduce del apartado primero del art. 47 quinquies de la LIRPF.

Existen Leyes de las Comunidades Autónomas que siguiendo un criterio parecido al de la Ley del impuesto sobre la renta de personas físicas establecen deducciones para las personas con minusvalía y diferencian el grado de minusvalía, según sea igual o superior al 33 por ciento o igual o superior al 65 por ciento.

Así la Ley Foral 16/ 2003 de 17 de Marzo7 de la Comunidad de Navarra de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, en su art. 55 apartado 4 letra c) distingue entre sujetos pasivos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, y aquéllos cuyo grado de discapacidad es igual o superior al 65 por ciento.En el primer caso, el mínimo personal se incrementa en 1.960 euros y en el segundo en 6.960 euros. En el mismo art. letra d) se admite la reducción de 1.960 euros anuales por cada familiar que tenga la consideración de persona asistida, (según los criterios y baremos establecidos al efecto por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud) y además, conviva con el citado sujeto pasivo.

En la Comunidad Autónoma de Madrid la Ley 13/ 2002 de 23 de diciembre sobre Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Madrid, en su artículo primero (donde se recogen las deducciones sobre la cuota integra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas) apartado cuarto, establece que los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada persona mayor de 65 años o discapacitada con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, que conviva con dicho contribuyente durante más de 183 días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la obtención de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para más de un contribuyente simultáneamente, el importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos, sí optaran por tributación individual.

Sin embargo, según el citado precepto, no se podrá practicar la presente deducción, en el supuesto de acogimiento de mayores de 65 años cuando el acogido esté ligado al contribuyente por un vínculo de parentesco de consaguinidad o afinidad de grado igual o inferior al cuarto.

Según el Preámbulo de dicha Ley, con esta medida se busca la integración social de los colectivos afectados, fomentando la inserción de nuestros mayores en familia, con lo que se intenta corregir el factor de aislamiento que padecen muchos de ellos en la actualidad.

Este precepto parte del mismo grado de minusvalía que la LIRPF, el 33 por ciento, sin distinguir asimismo si se trata de minusvalía psíquica o física, pero exige un periodo de convivencia con el contribuyente que es el de 183 días al año, y que se trate de un acogimiento sin contraprestación. Ello nos lleva a plantearnos en que sentido utiliza el legislador en este caso el término acogimiento.

Por otra parte llama la atención que cuando se trata de acogimiento de mayores de 65 años ligados al contribuyente por vínculos de parentesco de consaguinidad o de afinidad de grado igual o inferior al cuarto no haya deducción, mientras que si no existe ese vínculo de parentesco, si la hay. żEn que medida entonces se esta favoreciendo el acogimiento de familiares mayores de 65 años, desde el punto de vista fiscal?

Por otra parte, parece deducirse de la propia norma que si se trata de un acogimiento de un familiar discapacitado con una minusvalía igual o superior al 33 por ciento, con el periodo de convivencia exigido ( 183 días al año), el contribuyente si tiene derecho a la deducción.

Centrándonos en la ley 41/ 2003 de 18 de noviembre (LPPD), su art. 2 apartado 2 considera discapacitados a los efectos de esta ley a las personas “a) afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento,b) las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento. Dicho grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme. El gobierno aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

Si lo comparamos con el concepto que nos da la LIRPF vemos que aquí se exige el grado de 33 por ciento de minusvalía psíquica, mientras que se exige el 65 por ciento de minusvalía física o sensorial. Por su parte el art. 47 quinquies, apartado sexto solo habla de un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, sin hacer esta distinción.

Además no se equiparan los incapacitados judicialmente con las personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, como se hace a efectos fiscales y sin embargo existen determinados artículos en la LPPD que se refieren exclusivamente a los incapacitados judicialmente, como su art. 10, referido a las modificaciones del Código Civil en materia sucesoria,8 sus apartados segundo,tercero y cuarto hablan de hijos judicialmente incapacitados, y el art. 11 que modifica el Código Civil en materia de mandato igualmente habla de incapacitado judicialmente9

Si comparamos el concepto de discapacidad que nos da la Ley IRPF con el que nos da la ley 51/ 2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad vemos que en su artículo primero, apartado segundo nos da un concepto parecido al de la citada la Ley ya que estima que son discapacitadas a aquellas personas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se consideran afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocido una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.

El criterio aquí correcto, dado el objetivo de esta ley que es lograr la igualdad de oportunidades para los discapacitados a base de evitar cualquier tipo de discriminación por esta causa ya sea directa o indirecta, así como adoptar medidas para compensar las desventajas con lo cual no es trascendente el grado de capacidad de obrar del sujeto, es el de considerar discapacitados a los que tengan un grado de minusvalía, nada se dice sí es algo físico o psíquico ( igual que sucede en la LRIPF), igual o superior al 33 por ciento.

Su disposición adicional sexta estima que el grado mínimo de minusvalía necesario para generar el derecho a los beneficios establecidos en las medidas de fomento del empleo para el mercado ordinario de trabajo a favor de los discapacitados, así como para que las personas con discapacidad puedan ser contratadas en prácticas o para la formación en dicho mercado ordinario de trabajo con aplicación de las peculiaridades previstas para este colectivo deberá ser igual o superior al 33 por ciento. Criterio que coincide sustancialmente con el que sigue, como hemos visto la LIRPF, en el art. 47 quinquies, apartado 5.

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