·1.– Introducción
·2.– Punto de partida: no poder gobernarse por sí mismo
·3.– Principios de actuación jurídica
·4.– Procedimiento de incapacitación
·5.– Las distintas instituciones de guarda y protección
·6.– La tutela
·7.– La curatela
·8.– La guarda de hecho
·Notas
PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN
La vigente LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero) dedica su Libro IV a los procesos especiales. En un primer Capítulo (arts 748–755) se encuentran las disposiciones generales comunes a esos procesos especiales, y en el Capítulo II se contemplan normas propias de los procesos sobre capacidad de las personas (arts 756–763).

4.1.– NORMAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A ESTE PROCEDIMIENTO

Las normas de carácter general aplicables aquí se explican por cuanto la capacidad de las personas incide en cuestiones básicas para su actuación en el tráfico jurídico.

Un primer dato a tener en cuenta es la intervención necesaria y preceptiva del Ministerio Fiscal (art.749). Aunque el MF no haya promovido el procedimiento, ni le corresponda legalmente asumir la defensa del presunto incapacitado. Esa intervención supone una garantía para él mismo.

En estos procesos no surtirán efecto renuncia, allanamiento ni transacción. El desistimiento requerirá la conformidad del MF5.

Los procedimientos de este Título se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que se hubieran alegado o del modo en que hubieran sido introducidos en el proceso. En este punto se separa la regulación del procedimiento de incapacitación de lo dispuesto en general para la prueba en la LEC, en la que se dispone con mayor rigidez y exactitud el momento en que deben ser alegados los hechos que se probarán.

Además de las pruebas que se practiquen a instancia del MF y de las partes6, el tribunal puede decretar de oficio las que crea convenientes7. El que las partes estén conformes sobre los hechos no vincula al tribunal8, ni éste podrá decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad, o en el silencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria. Tal cosa no es sino consecuencia de que aquí se trata de una cuestión no sujeta a la libre disponibilidad de los particulares.

Se añade en el art.752 LEC que el tribunal no estará vinculado en estos procesos, a las disposiciones generales de la misma LEC en materia de fuerza probatoria del interrogatorio de las partes9, de los documentos públicos10 y de los documentos privados reconocidos. E igual se dispone para la segunda instancia.

La tramitación del procedimiento, salvo que expresamente se disponga otra cosa, se hará por los trámites del juicio verbal, con la particularidad de que se dará traslado al MF de la demanda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, emplazándoles para que la contesten en el plazo de 20 días que marca el art. 405 LEC.

Para todos los procesos que se regulan en este Título de la LEC el tribunal podrá decidir mediante providencia, ya sea de oficio, ya a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada, y que las actuaciones sean reservadas siempre que las circunstancias lo aconsejen. Se añade que esto será así aunque los casos no se encuentren entre los que recoge en general el art. 138,2 LEC: “...cuando sea necesario para el orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan, o, en fin, en la medida en que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”. Es evidente que esa reserva siempre habrá de respetarse en los procesos de incapacitación. Es la forma de salvaguardar el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas afectadas11.

Por último en cuanto a estas reglas generales, cuando proceda, las sentencias y demás resoluciones dictadas en estos procedimientos se comunicarán de oficio a los Registros civiles para la práctica de los asientos que correspondan. A petición de parte, se comunicarán a cualquier otro registro público a los efectos que en cada caso procedan.

4.2.– NORMATIVA SOBRE LOS PROCESOS DE INCAPACITACIÓN EN PARTICULAR.

4.2.1.– Medidas previas al procedimiento.

El art.762 LEC se ocupa de las medidas cautelares que de oficio deberá adoptar el tribunal competente que tenga conocimiento de la existencia de una posible causa de incapacitación. Éstas serán las que se estimen necesarias tanto para la adecuada protección de la persona presuntamente incapaz como de su patrimonio, y además habrá de poner en conocimiento del MF la situación, para que, si lo estima procedente incoe el procedimiento de incapacitación.

Pero no es solo el Juez quien puede ocuparse de la protección del presunto incapaz, pues el MF en cuanto tenga conocimiento de la existencia de una persona presuntamente incapacitable puede solicitar del tribunal competente las medidas a que acabo de hacer alusión. Esas mismas medidas pueden ser adoptadas, tanto de oficio como a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación.

Esas medidas –como regla–, se acordarán previa audiencia de las personas afectadas.

4.2.2.– Competencia y Legitimación

Para los procesos de incapacitación será competente el Juez de primera instancia del lugar en que resida12 la persona respecto de la que se solicite la declaración que sea.

La legitimación para promover incapacitación o prodigalidad no es la misma: Con respecto a la incapacitación hay personas que pueden promoverla: el presunto incapaz13, su cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes y hermanos del presunto incapaz. Con respecto a la incapacitación de menores de edad, cuando proceda, únicamente pueden promoverla quienes ejerzan la patria potestad o la tutela14.

El MF debe promover esa incapacitación cuando no existan las personas mencionadas o no lo hubieran solicitado.

Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del MF los hechos que puedan ser determinantes de una incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de la posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del MF.

4.2.3.– Tramitación

En este tipo de procesos la personación del demandado (presunto incapaz ) puede llevarla a cabo por sí mismo, actuando en su propia defensa y representación. Si no lo hiciere así, se ocupará de ello el MF, siempre que no haya sido promotor del procedimiento. En otro caso15, se designará un defensor judicial, a no ser que estuviese ya nombrado.

Así pues, aquí no hay obligación de nombrar abogado y procurador tal como se establecía en las reglas generales que hemos examinado primero.

Al tratarse de un procedimiento que afecta a algo tan importante como la capacidad de obrar de las personas, el art. 759 LEC se ocupa de las pruebas y audiencias preceptivas en el mismo, es decir independientemente de las que se practiquen a petición de las partes o por decisión judicial. Así pues el tribunal16 oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz17 y lo examinará por sí mismo18. Como el Juez normalmente carecerá de los conocimientos técnicos precisos se prevé que acuerde los dictámenes periciales pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda19, y también acordará las medidas previstas en las leyes20.

Cuando, además de la solicitud de incapacitación se haya pedido en la demanda el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz, y velar por él (el tutor, progenitor con patria potestad prorrogada o rehabilitada, o curador), también hay que oír al respecto a los parientes antes mencionados –generalmente alguno de ellos será la persona designada–, al presunto incapaz si tuviera suficiente juicio (lógicamente, pues se trata de algo que le afecta directamente), y a las demás personas que el tribunal considere oportuno21. Si el tribunal lo admite, en la misma sentencia de incapacitación nombrará a las personas que ocuparán el cargo tutelar que sea22.

Todo esto que se ha dispuesto para una primera instancia, si ésta fuera apelada (sin que importe quien interponga el recurso), de oficio se volverán a ordenar la práctica de las pruebas señaladas.

La sentencia sobre la incapacitación determinará la extensión y límites de ésta, al igual que el régimen de tutela o guarda (patria potestad rehabilitada, tutela o curatela) al que se someta al incapacitado.

La idea de la mejor adecuación de la guarda a las circunstancias de la persona discapacitada, permite modificar lo dispuesto en la sentencia de incapacitación. Si sobrevienen nuevas circunstancias – como ya adelantamos–, se puede instar un nuevo proceso que tenga como objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación establecida. Este segundo procedimiento puede iniciarse a petición tanto de las personas que podían o debían solicitar el primero, como las personas que desempeñaran los cargos tutelares sobre el incapacitado, o incluso él mismo23.

En el caso de que la persona incapacitada estuviera privada por la sentencia de la capacidad para comparecer en juicio, tendrá que obtener autorización judicial para actuar en el proceso por sí mismo. Lógicamente en estos procesos han de respetarse las mismas garantías que para el juicio de incapacitación según preceptúa el art. 759 LEC, tanto en primera instancia como en segunda, en su caso.

La sentencia que se dicte habrá de decidir si procede o no dejar sin efectos la incapacitación, o si, manteniéndose la incapacitación es conveniente modificar o no los límites de ésta. Aunque en la LEC no se recoja en particular para los procedimientos de incapacitación, está claro que, conforme a las reglas generales del art. 755 LEC, esta sentencia habrá de comunicarse de oficio24 a los Registros civiles, y,a petición de parte, a otros registros públicos a los efectos que en cada caso procedan.

subir